La oposición insiste en que el Consistorio de Bermeo “facilita el derribo en San Martín”

2013/03/14

El PNV acusa a Bildu de querer demoler las VPO “en contra de los criterios de los técnicos locales”

IMANOL FRADUA -DEIA|

El conflicto acerca del derribo de dos plantas de las VPO de San Martín y la deuda de Beruala, lejos de apaciguar la disputa política abierta, sigue generando reacciones en Bermeo. Ayer fue el PNV el que tomó la palabra para denunciar la gestión actual de este conflicto que, especialmente, atañe a la sociedad pública municipal Beruala. Enclavando la demolición en una “estrategia intencionada” para “desprestigiar al equipo de gobierno anterior” que lideraron, los jeltzales incidieron en que “siempre” actuaron “en defensa de los intereses públicos con decisiones avaladas por informes técnicos y jurídicos”.

El Consistorio, en manos de Bildu, emprenderá la vía legal para que “se depuren las responsabilidades” en un caso que, según la alcaldesa, Idurre Bideguren, ha supuesto el abono de 3,4 millones de euros de fianza por el “incumplimiento” de varias resoluciones judiciales contra el anterior equipo de gobierno. Por contra, la oposición citó ayer que la coalición “siempre” ha propugnado un derribo que se ejecutará “en contra de los criterios técnicos y jurídicos del personal” del Ayuntamiento.

CAMBIOS Los miembros del PNV recalcaron que Bildu modificó la normativa el pasado año “para legalizar el proyecto de Ibarretas XXI -constructora que mantuvo el litigio con el Consistorio bermeano- y así facilitó dejar fuera de la ley el proyecto inicial de las VPO”, cuya licencia definitiva se emitió en 2009 “tras pasar los procedimientos legales y sin ninguna alegación de nadie”. Con el objetivo de esquivar el litigio, los técnicos municipales realizaron dos proyectos para solventar el conflicto. Ambos fueron “considerados ilegales”, recordaron, “por lo que su ejecución resultaba imposible”.

Un tercer plan, presentado por la firma en cuestión -para ello contrató al concejal de Urbanismo y consejero delegado de Beruala entre 1991 y 2011, Josan Apraiz, de EA-, también fue tildado de “no ajustado a la ley en base a las normas subsidiarias y un informe del arquitecto”. Sin embargo, “un cambio de la normativa urbanística en julio de 2012 legalizó esta tercera opción”, indicaron desde un PNV que ayer elevó el tono crítico ante Bildu, una formación que, a juicio de los miembros de la oposición, ha actuado “en contra de un bien general y a favor de un interés privado”.

Tras recordar los sucesos que han rodeado el caso, la oposición aseguró tener “la conciencia tranquila” ante la petición de responsabilidades del actual Ayuntamiento. Desde el PNV repitieron que el acuerdo de cambio de cotas del edificio de vivienda protegida de San Martín fue firmado por Ibarretas XXI y el procurador de la asesoría jurídica de la Administración “sin la presencia de ningún representante político ni ningún técnico, y con una notificación previa que consta en el expediente informativo del Ayuntamiento en el que se insta al procurador a no firmar dicho acuerdo”. Sin embargo, este lo hizo.

DEUDA DE BERUALA El PNV también se pronunció sobre la deuda de ocho millones de euros de Beruala, una sociedad pública para la gestión urbanística que hoy en día “dispone de un patrimonio de 6,9 millones de euros”. Los jeltzales aseveraron que la auditoría para analizar la gestión del ente municipal de 2010 y 2011 ha reflejado que “no ha habido ninguna negligencia” y que, por contra, “ha destapado la existencia de una deuda de más de tres millones de euros del Ayuntamiento de Bermeo a Beruala”.

De hecho, los portavoces jeltzales aseguraron que “la deuda en Beruala viene de antes de que entráramos al Ayuntamiento en 2007″. Más concretamente, denunciaron que siete años después de abrir sus puertas la gizarte eta kultur etxea, la sociedad “sigue pagando a día de hoy a los bancos el préstamo de este proyecto. Aún queda más de medio millón de euros por pagar”, evidenciaron. No en vano, pese a que el presupuesto inicial era de seis millones de euros, el coste final de esa infraestructura fue de diez millones de euros, relataron. Por último, denunciaron que “Beruala adelantó más de cuatro millones de euros al Ayuntamiento, de los cuales, aún no ha recuperado 3.200.000 euros”.